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Carta a la Presidenta de la Junta Municipal de Tetuán

El 5 de enero de 2016 se envía a la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito - Montserrat Galcerán - el siguiente escrito firmado por 275 vecinos, solicitándole que promueva un convenio para autorizar las barreras e interceda para buscar una solución a la problemática de la plaza de Bravo Murillo 297. 

Estimada Sra.

 

Somos vecinos propietarios del edificio de la calle Bravo Murillo número 297, que está integrado por once portales, locales en planta baja, oficinas en planta primera y garajes en la planta sótano. En total son 298 elementos. El edificio tiene forma de U, y en su parte frontal hay una plaza abierta a la calle Bravo Murillo, por la que discurre un vial interior –hoy controlado el acceso mediante barreras-, siendo ocupado el resto por las aceras y la zona ajardinada.

 

Desde hace varios años se ha venido produciendo un gran deterioro en ese espacio por razón de la utilización indiscriminada del vial para depósito de coches abandonados, otros en venta, la presencia de personas que facilitaban el aparcamiento a cambio de propinas, mendicidad, botellón y un largo etc, que llegó a afectar a la seguridad y la salubridad, no solo nuestra, sino de toda de la zona.

 

Ante esa situación, y a instancias de prácticamente todos los vecinos, se han acometido varias medidas: restringir el tráfico rodado por el vial instalando barreras de entrada y salida que disponen de mecanismo para controlar el acceso y asegurar el de los vehículos de emergencia; adecentar el propio vial marcando con pintura las zonas destinadas a uso de estacionamiento, carga y descarga y uso por vehículos de personas con movilidad reducida; y reparar la zona ajardinada, así

como reforzar el servicio de limpieza y mantenimiento. Hay otras muchas cosas que mejorar, pero con esas actuaciones se ha conseguido un cambio radical, del que se adjunta algunas fotografías elocuentes.

 

Antes de llevar a cabo la instalación de las barreras, formulamos consulta, por escrito e identificando la finca, a esa Junta Municipal que nos contestó señalando que se trataba de un acto de comunicación. Posteriormente, tras la elaboración del proyecto por un arquitecto, se sometió a la aprobación de la Junta General de la Comunidad de Propietarios, que lo refrendó con una amplísima mayoría y se presentó al Ayuntamiento, iniciándose las obras durante este verano, después de transcurrir un plazo de más de dos meses desde la presentación del proyecto en la Junta Municipal, concluyendo el 3 de septiembre, fecha en la que quedaron funcionando. Y solo, ya de terminadas las obras, se reciben sendas comunicaciones de la Junta Municipal ordenando abstenerse de ejecutar las obras comunicadas y concediéndonos trámite de audiencia previa a la orden de retirada, respectivamente.

 

Conocido el expediente obrante en esa Junta, la sorpresa fue mayúscula, al darnos noticia por primera vez de lo siguiente:

  • Que de la parcela sobre la que se asienta la plaza, antes de la construcción del edificio, hubo una cesión del uso al Ayuntamiento, en virtud de la cual  se convino que dicho uso sería únicamente el recreo de escolares (de una escuela que no existe), no estando permitido el paso de vehículos.

  • Que incluso una sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid del año 1977 reconoció que la plaza había sido objeto de actuaciones constitutivas de infracción urbanística por la existencia del vial, respecto de las cuales ya en aquellas fechas había operado la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, por lo que actualmente se encuentra supuestamente en situación de fuera de ordenación, con los límites que ello conlleva.

Conocer esos hechos ahora, con motivo de la instalación de las barreras, ha causado estupor, incredulidad, y profunda indignación en todos los integrantes de la comunidad, por cuanto el vial existe y ha habido circulación y estacionamiento desordenado de vehículos, desde hace más de 40 años sin actuación alguna por parte del Ayuntamiento, y ese desorden y mal uso es lo que se ha querido evitar; el propio Ayuntamiento no se ha hecho cargo de ningún gasto relacionado con la conservación y mantenimiento de la plaza como le correspondería según reconoce numerosa jurisprudencia al rango de la supuesta limitación urbanística existente; la propia Junta Municipal contestó a la consulta expresa formulada por la comunidad de propietarios -indicando sin más que era un acto de comunicación de manera no congruente con la existencia de tales limitaciones, completamente desconocidas para nosotros; incluso durante la ejecución de la instalación no se comunicó actuación alguna, recibiéndose la primera notificación en fechas posteriores a la terminación de la instalación; esas limitaciones no aparecen en el Registro de la Propiedad, ni se trasladaron a la escritura de obra nueva y propiedad horizontal (salvo una sucinta referencia a plaza de propiedad privada y uso público), e incluso en Gerencia de Urbanismo no aparecía ninguna afectación de la plaza. Todo ello acredita notoriamente que no ha habido dejadez o imprudencia por nuestra parte, sino una manifiesta imposibilidad de conocer unas limitaciones que obraban en un expediente que, al parecer, hasta el propio Ayuntamiento ha tenido que desempolvar, en lo que al parecer ha tenido mucho que ver la presentación de dos denuncias de personas ajenas a esta comunidad cuyos intereses desconocemos, pero que no parece el de preservar el interés general de la ciudadanía.

 

Hemos tomado la decisión de darle a conocer la situación, sin perjuicios de seguir los cauces legales que procedan, porque estamos convencidos de que la instalación de las barreras no perjudica el uso público de la plaza, sino que, por el contrario,

supone acercar la realidad existente –un vial de más de 40 años-, a lo convenido en la cesión de uso, al impedir eficazmente el tráfico rodado y los problemas de seguridad que había, sin limitar el acceso de emergencias, que antes era literalmente imposible, ni el uso peatonal de la plaza en modo alguno, por lo que le pedimos que con su actuación haga posible que la Justicia se imponga a una rígida interpretación de la ley, para lo que creemos que existen cauces suficientes, por ejemplo el convenio. Creemos sinceramente que merecemos que nuestra petición sea atendida, después de tantos años en que la situación la plaza ha sido objeto de la más completa desatención por parte del Ayuntamiento.

 

 

 

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